Defensa de servidores públicos y particulares en procesos por peculado, cohecho, concusión, prevaricato y delitos en la contratación estatal.
El título XV del Código Penal sanciona a los servidores públicos, y en varios casos a los particulares, que afectan el funcionamiento de la administración. El peculado por apropiación (artículo 397) castiga apropiarse de bienes del Estado o de particulares cuya administración se tenga por razón de las funciones, con prisión de seis a quince años, multa e inhabilitación; la pena aumenta hasta en la mitad si la cuantía supera doscientos salarios mínimos y se reduce cuando es inferior a cincuenta. La concusión (artículo 404) sanciona al servidor que, abusando del cargo, induce a alguien a dar o prometer dinero o utilidad, con noventa y seis a ciento ochenta meses.
El cohecho tiene tres formas: propio (artículo 405, recibir dinero para retardar u omitir un acto propio del cargo), impropio (artículo 406, aceptar dinero por un acto que debía ejecutar) y por dar u ofrecer (artículo 407, que sanciona al particular). En la contratación estatal, el artículo 410 castiga tramitar, celebrar o liquidar un contrato sin cumplir los requisitos legales esenciales, y el artículo 409 el interés indebido en la celebración de contratos, ambos con prisión de sesenta y cuatro a doscientos dieciséis meses. El prevaricato por acción (artículo 413) sanciona la resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley, y el enriquecimiento ilícito de servidor público (artículo 412), el incremento patrimonial injustificado.
Son investigaciones largas y documentales, que suelen correr en paralelo con procesos disciplinarios ante la Procuraduría y de responsabilidad fiscal ante la Contraloría, cada uno con sus propias reglas. Desde la Ley 1474 de 2011, el artículo 68A del Código Penal excluye los subrogados y la prisión domiciliaria para los delitos dolosos contra la administración pública, y el artículo 122 de la Constitución inhabilita de forma permanente para cargos de elección y contratación a quien sea condenado por delitos que afecten el patrimonio del Estado.
Sobre el artículo 410, la Sala de Casación Penal recordó en la sentencia del 11 de julio de 2012 (radicado 37691) que el principio de estricta tipicidad impide extender el delito a etapas contractuales que la norma no menciona. En la SP5505-2019 (55036) examinó la prescripción de la acción respecto de los particulares acusados como intervinientes. En la SP3754-2022 (61464) concluyó que un servidor con funciones de control y vigilancia sobre liquidaciones no puede ampararse en el principio de confianza para desentenderse de lo que revisa, porque tiene deberes de garantía.
El manual de funciones y las competencias reales del cargo, la trazabilidad de las decisiones en actas y expedientes contractuales, la distinción entre irregularidades administrativas y conductas penales, la calidad de autor o de interviniente y los términos de prescripción, que en estos delitos se cuentan con reglas especiales para los servidores públicos.
Sí, en ciertos casos. Los particulares que administran recursos públicos o que participan en la conducta del servidor público pueden ser vinculados, según las reglas de autoría y participación.
Sí. Un mismo hecho puede dar lugar a procesos penales, disciplinarios ante la Procuraduría y de responsabilidad fiscal ante la Contraloría. Son independientes, pero lo que se diga en uno puede influir en los otros, por lo que la estrategia debe ser coordinada.
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